Injusticia ambiental en poblaciones vulnerables de
Puerto Rico

La expansión del capital tiene consecuencias negativas en comunidades desventajadas

El sonido de explosivos levantó a los viequenses un día más; en Playuela protestan por la remoción de terreno en un área ecológica; al sur de Puerto Rico, residentes de Peñuelas y Guayama denuncian muertes y enfermedades por cenizas depositadas en sus pueblos.     

Las tres situaciones ocurren en áreas distantes del archipiélago, pero el denominador común en todas es el efecto adverso al ambiente ocasionado por la expansión del capital en comunidades con desventaja social.

Para la periodista Naomi Klein, existe una injusticia ambiental extrema porque el impacto de la contaminación ambiental “tiene un efecto directo en las personas más pobres, las cuales han hecho lo mínimo para crear esta crisis”.

La canadiense mencionó, en la conferencia El capitalismo del desastre y el desastre del capitalismo, que la situación se empeora cuando las zonas se transforman en terreno fértil para el negocio de grandes empresas tras crisis económicas y catástrofes.

Puerto Rico es un ejemplo de dicha práctica, donde desde el 2019, bajo la Ley Federal para Trabajo y Reducción de Impuestos, el 98% de las tierras se consideran Zona de Oportunidad económica. Estas zonas fueron creadas para fomentar la inversión local, nacional e internacional particularmente en comunidades desfavorecidas.

Dicha ley contrasta con las de estados de los Estados Unidos de América, donde los gobernadores solamente pueden designar hasta un 25% de los censos poblacionales como Zonas de Oportunidad.

“Vas a tener unos impactos sobre las infraestructuras municipales del agua, sobre las carreteras; (las zonas) tienen unos impactos sobre un montón de cosas. Y entonces no recibes ningún beneficio o muy poco beneficio”, expresó Pedro Cardona, planificador y exvicepresidente de la Junta de Planificación, sobre las Zonas de Oportunidad, en una entrevista del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

A pesar de ser un fenómeno que se ha intensificado en los pasados años, evidenciado con las cenizas tóxicas en Peñuelas y Guayama, así como la construcción en Playuela, desde 1988, los residentes en Vieques han sido víctimas de esta injusticia ambiental.

Municipios afectados por la injusticia ambiental.

Municipios afectados por la injusticia ambiental.

Municipios afectados por la injusticia ambiental.

Municipios afectados por la injusticia ambiental.

Municipios afectados por la injusticia ambiental.

Municipios afectados por la injusticia ambiental.

Vieques en bombardeo

La Marina de los Estados Unidos cesó en el 2003 las operaciones en Vieques, luego de protestas que movilizaron a todo Puerto Rico.

La lucha parecería haber acabado, pero los viequenses todavía tienen un camino arduo que sobrepasar para poder obtener justicia ambiental en sus tierras.

Se trata de las limpiezas de las cientos de cuerdas que siguen contaminadas con municiones y químicos por los bombardeos realizados en el área. El uso de detonación abierta durante la limpieza de la Isla Nena causa preocupación entre los residentes pues temen estar nuevamente expuestos a riesgos en la salud.

“La gran mayoría de las visitas a la sala de emergencia aquí el año pasado fueron por problemas respiratorios”, dijo Evelyn Delerme Camacho, alcaldesa de Vieques, en entrevista con The New York Times.

“¿Pueden garantizar que los contaminantes o el humo no lleguen a la población? ¿Tendríamos que esperar y ver si hay algún problema? ", añadió Delerme Camacho.

Actualmente, el antiguo campo de prácticas de Vieques está catalogado por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) como una zona altamente contaminada. La Marina y la EPA prevén que los trabajos de limpieza terminarán en el 2032.

Debido a la contaminación en el área, los viequenses no tienen acceso a estos terrenos, otro efecto negativo es un alto nivel de tóxicos en ciertas especies de animales marinos, así como un impacto negativo en la salud de los residentes.

Durante la limpieza en los pasado años, muchas de las municiones y bombas en Vieques se han eliminado a través de la quema abierta, un proceso utilizado comúnmente y que consiste en implosionar el artefacto al aire libre.

Aunque es un proceso costo efectivo y rápido, ha sido altamente criticado por su impacto negativo en el ambiente y la salud. “Mientras la Marina siga con la estrategia de quemar y detonar al aire libre, los tóxicos que se levantan con el polvo pueden llegar a la comunidad. Los viequenses ya han sufrido y van a seguir sufriendo los efectos de los tóxicos en el aire”, añadió Cruz María Nazario, epidemióloga y profesora en la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en entrevista con el CPI.

El plan con quema abierta que utiliza la Marina para la limpieza es una práctica no autorizada por la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA), según una carta dirigida a la Marina por el presidente del JCA, Weldin Ortiz Franco.

Por su parte, un informe de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, dio validez a las críticas que cuestionan el uso de tales prácticas y propuso métodos alternativos tales como detonaciones cerradas que no atentan contra el bienestar ambiental y la salud pública.

Asimismo, la representantes Alexandria Ocasio y Elizabeth Warren propusieron una enmienda con el fin de destinar $10 millones para realizar las detonaciones cerradas. No obstante, hasta el momento no se ha aprobado.

"Otro día más que en Vieques se tiene que respirar aire contaminado con metales pesados. Exigimos la limpieza en cámara de detonación cerrada, ¿es mucho pedir?", expresó Carlos Díaz, residente de Vieques, sobre una detonación con cámara abierta realizada el 27 de agosto del 2020 en la “Isla Nena”.  

Archivo el Nuevo Día

Playuela: destrucción de un área ecológica

La comunidad de Playuela en Aguadilla se ha opuesto a la construcción del megaproyecto hotelero Christopher Columbus Landing Resort.

La batalla legal, que comenzó en el 2013, plantea el daño ecológico que puede causar la construcción en el valle costero de Playuela. El pleito legal ha sido acompañado por protestas en el área.

El resort alteraría 121 acres de valor ecológico y turístico para construir 300 habitaciones de hotel con un casino de 17,000 pies cuadrados, centro de convenciones, 160 unidades de condo-hotel, 240 condominios de apartamentos y 100 villas residenciales.

En la zona habitan más de 300 especies de flora y fauna, siendo una docena de estas especies endémicas de Puerto Rico y por lo menos ocho son especies amenazadas o en peligro de extinción, incluyendo tortugas y mamíferos marinos, aves migratorias y corales amenazados que viven en hábitat crítico designado.

Playuela Foto: Edwin Alexis Zambrana

Playuela Foto: Edwin Alexis Zambrana

"Es importante que todos y todas las puertorriqueñas se sigan uniendo y solidarizándose con la protección de nuestros recursos naturales. Nuestra isla y sus especies merecen ser respetadas y cuidadas para así garantizar un futuro digno para nuestros niños",​ dijo Suzette Quirós, integrante del grupo comunitario Salvemos a Playuela a Noticel.

En el 2019, el grupo Salvemos a Playuela denunció en las redes sociales la tala de las Palmas Sombrero, una especie endémica del país y designada en ​Peligro Crítico de Extinción por el Departamento De Recursos Naturales Y Ambientales (DRNA).

Tala de Palmas Sombrero

Tala de Palmas Sombrero

‘Las obras de la compañía desarrolladora Caribbean Management Group (CMG) violentan los artículos 236 y 237 del Código Penal de Puerto Rico. CMG ha realizado perturbaciones directas, mutilación con maquinaria pesada a palmares de la Palma Sombrero. Además ha removido gran cantidad de terreno, colocándolo en las cercanías de las arboledas de Palmas Sombrero y quemándose ‘maliciosamente’ en abril del 2017, enero y septiembre del 2018”,​ argumentó el licenciado Omar Saade en una comunicación escrita.

Asimismo, la Liga Ecológica del Noroeste de Puerto Rico solicitó a la compañía CMG que detuviera su construcción en noviembre de 2019, y una corte de apelaciones falló a su favor.

Por su parte, la compañía presentó una moción para aclarar la decisión y el tribunal terminó revocando la suspensión. Por tal razón, a pesar de las oposiciones por los residentes del área, CMG continuó con la remoción de terreno en el área para la construcción.

Terrenos tóxicos en Peñuelas y Guayama

Uno de los ejemplos más recientes en el país del efecto adverso de la expansión del capital en comunidades desventajadas son las cenizas de carbón por la compañía Applied Energy Systems (ASES) depositadas en Guayama y Peñuelas.

La planta de carbón está ubicada en Guayama, pero, con el aval gubernamental, escolta policiaca y el respaldo de sobre 300 agentes y helicópteros de la uniformada también comenzaron a depositar sus desechos en Peñuelas.

Como los demás lugares que luchan contra la injusticia ambiental, la región impactada por las cenizas de carbón es un área de bajos ingresos.

En Guayama el ingreso familiar anual promedio es de $16.000; en Peñuelas el promedio es de $17.000. En ambos pueblos más de la mitad de los residentes viven por debajo del umbral de pobreza, según el Buró del Censo.

Los reclamos de residentes en el área van dirigidos a la toxicidad de las cenizas en el ambiente y su efecto en la salud pública.

AES, la corporación multinacional que factura casi un millón de dólares diarios a la Autoridad de Energía Eléctrica por la venta de electricidad generada con carbón, argumenta que este desecho de las cenizas que produce desde el 2002 es seguro para la salud de los ciudadanos y el ambiente.

Sin embargo, un examen realizado con cenizas de carbón de la planta AES concluyó que este desecho libera metales pesados en concentraciones que exceden hasta 9,000 veces el límite de seguridad permitido por estándares federales, al entrar en contacto con líquidos y suelo. Los metales encontrados en exceso son: arsénico, boro, cloruro y cromo.

“Los resultados de las pruebas son preocupantes, pero no son del todo sorprendentes. Las cenizas de carbón contienen metales pesados y AES lo sabía cuando solicitaron permisos a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico para esparcir las cenizas de carbón en muchos lugares del país. La Junta de Calidad Ambiental nunca debió aprobar esto”, argumentó la exadministradora regional de la EPA, Judith Enck, a El Nuevo Herald.

Uno de los señalamientos en contra de la compañía es que los desechos son dejados al descubierto, por lo que las cenizas se esparcen por la comunidad.

“Está claro que dejar estos desechos industriales, sin cubrir, en la superficie del suelo representa un riesgo para la población local, especialmente los niños que juegan (en las zonas)”, expuso en entrevista con el CPI el geólogo Mark Hutson.

Denuncian enfermedades y muertes a causa del carbón

En enero de este año, residentes de Guayama y de Peñuelas solicitaron a la gobernadora que declarara un estado de emergencia en el área por las enfermedades y muertes que alegan son causadas por las cenizas tóxicas.

Sobre el efecto adverso de los componentes encontrados en las cenizas, la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos, uno de los centros de investigación de mayor prestigio en Europa, señala que la ingesta de arsénico inorgánico puede intensificar las posibilidades de que se desarrolle cáncer de la piel, del pulmón, del hígado y linfoma.

A exposiciones muy altas también puede causar infertilidad y abortos en mujeres, daño del cerebro e, incluso, del ADN.

“La cantidad de pacientes de cáncer y los que sufren de enfermedades respiratorias en nuestras comunidades ha ido en aumento en los pasados años y la calidad de vida de nuestras familias, amigos y vecinos se ha visto afectada de forma significativa, (mientras las) agencias reglamentadoras y los gobiernos de turno de Puerto Rico han hecho caso omiso de nuestras luchas, necesidades y reclamos”, manifestó la portavoz Janette Albino en una actividad en contra de las cenizas.

Archivo Primera Hora

Problema global

Las cenizas de carbón, los explosivos en Vieques y el uso de Playuela como terreno para expansión de capital tiene sus raíces en políticas coloniales y económicas que amenazan la salud de los puertorriqueños, limitan su control de las tierras y afectan negativamente el ambiente del país.

A pesar de ser un problema evidenciado en Puerto Rico, la injusticia ambiental es una situación global.

Para Rob Nixon de la Universidad de Princeton, dichas prácticas son una "violencia lenta". Las define como acumulación constante de daños ambientales graduales que sufren las personas y comunidades en desventaja social durante la expansión capitalista.

En un encuentro ambiental en Puerto Rico, la directora de la organización Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Lina Solano, opinó que “tenemos que entender que nuestras batallas están integradas a otras batallas que se están llevando a cabo alrededor del mundo en estos momentos".

"Si no es la minería, son los mega hoteles, es el uso de glifosato, o son las hidroeléctricas. Es decir, todo es parte de una lucha más grande y que todos los pueblos del mundo estamos hermanados en esta lucha, que va a durar mucho tiempo, por lo que tenemos que ser firmes”, añadió.

La líder ecuatoriana señaló que todas estas amenazas al medioambiente tienen una raíz en común, el “poder corporativo” que no toma en cuenta la cultura, historia o manera de vivir en una región.

Créditos: Visualización mapa: Claudia M. Rivera Cotto | Foto Vieques: John Hathaway | Fotos de Playuela: Facebook Salvemos a Playuela y Edwin Alexis Zambrana | Foto de Peñuelas y Guayama: Facebook Movimiento en Contra de las Cenizas de Carbón.