La intimidad de la mujer: asunto de todos menos de sí misma
El derecho de las féminas de decidir sobre su cuerpo está sujeto a los discursos morales del Estado, la medicina y la sociedad

Al nacer, a las mujeres se les despoja de aquello de lo que nunca pueden separarse: sus cuerpos. La capacidad de decidir por sí mismas está coartada por una ideología patriarcal fundamentalista, inherente al Estado y la medicina.
Para Lourdes Inoa Monegro, facilitadora del programa Tu Paz Cuenta, de la organización feminista Taller Salud, algunos discursos fundamentalistas y religiosos atentan contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La experta en salud pública reconoció que no todos los grupos religiosos “pasan juicio sobre terceros e invalidan los derechos humanos”. Sin embargo, aseguró que existen entidades poderosas, dentro de esta comunidad, con creencias impositivas que buscan controlar el cuerpo y las decisiones de las personas gestantes.
Esta encrucijada moral ha invadido los espacios gubernamentales, impidiendo a las mujeres manejar su vida sexual y reproductiva.
La administradora de la Clínica Iella, Mayra Díaz Torres, expresó que, en el Estado, “hay un alto índice de religiosidad dogmática que define lo que es correcto y qué no es”.
En Puerto Rico, el Código Penal condena el aborto y, de no ser por la relación colonial con Estados Unidos, las mujeres no tendrían acceso al derecho de no llevar a término un embarazo.
El gobierno, según Díaz Torres, promueve esta visión paternalista que califica a las mujeres como “un cubo de sentimientos, lágrimas e histeria”.
“Nunca olvidaré la pieza legislativa que sometió Nayda Venegas Brown, que es el Proyecto del Senado 950, el último intento de regular y hacer inaccesibles los servicios de aborto. Había un artículo que decía que las mujeres no tenían capacidad de decidir y que, dentro de su histeria y de su sensibilidad, no tenían la capacidad de ejercer su autonomía”, añadió la cofundadora de la organización Aborto Libre, Seguro y Accesible.
Esta medida casi se aprobó. La mayoría de la legislatura votó a favor de su implementación. Sin embargo, tras numerosas protestas que repudiaban el proyecto, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares lo vetó.


Educación sexual: una materia desatendida
El Departamento de Educación (DE) emitió, en 2011, una carta circular sobre educación sexual que promueve el desarrollo de destrezas de salud integral para que los estudiantes tomen decisiones informadas.
Sin embargo, “no existe un proceso formal de supervisión de la enseñanza de salud sexual por parte del DE”, según los hallazgos de un estudio sobre la implantación de esta materia en las escuelas realizado por la psicóloga Viviana Ortiz Resto.
La investigación también concluyó que la educación sexual no se imparte objetivamente y está empañada de estigmas religiosos. Asimismo, promueve la abstinencia y el uso del condón masculino como los únicos métodos para prevenir embarazos no deseados, excluyendo los métodos anticonceptivos femeninos.
“La política de promover la abstinencia (y los condones) como única opción en los currículos de salud escolar constituye una instancia adicional de inequidad por género ya que, con excepción del condón, se trata de una práctica cuyo efecto es negar información sobre los métodos anticonceptivos que solo pueden ser utilizados por mujeres”, sostuvo la abogada Patricia Otón Olivieri en un artículo de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Joven observa una caja de condones para hombres. Foto por: Camila Medina Santiago
Joven observa una caja de condones para hombres. Foto por: Camila Medina Santiago

La información sobre salud sexual y reproductiva es más accesible en Internet que en las escuelas. Foto por: Valeria Alicea Guzmán
La información sobre salud sexual y reproductiva es más accesible en Internet que en las escuelas. Foto por: Valeria Alicea Guzmán
La dificultad de prevenir embarazos
Aparte de lidiar con la presión social y religiosa, las mujeres, en comparación con los hombres, también deben asumir una responsabilidad desproporcionada en el uso de métodos anticonceptivos.
Otón Olivieri publicó, en su artículo, la más reciente estadística sobre salud reproductiva en Puerto Rico, realizada entre 1995 y 1996. Los datos revelan que, del 78% de las mujeres con pareja, más de la mitad utilizaba métodos anticonceptivos femeninos.
El uso masivo de contraceptivos por parte de las mujeres no resulta una casualidad. La mayoría de estos se ha creado para personas gestantes, por ejemplo, “la píldora (y sus variantes, como el parcho y el más reciente NuvaRing), el dispositivo intrauterino (DIU), el diafragma, los espermicidas, el condón femenino y la esterilización”, detalló Otón Olivieri. En cambio, para los hombres solo existen los condones y la esterilización masculina.
Estos métodos anticonceptivos podrían poner en peligro la vida de las mujeres. Particularmente, las pastillas anticonceptivas colocan a las féminas en riesgo de padecer depresión, pérdida de cabello e infecciones vaginales, y aumentan la probabilidad de formación de coágulos en la sangre. No obstante, los contraceptivos elaborados para los hombres no implican riesgos significativos para su salud.
Ante esta amplia variedad de opciones para mujeres, cabe preguntarse lo siguiente: ¿son accesibles los anticonceptivos o representan una oportunidad de lucro para las farmacéuticas?
La administradora de la Clínica Iella señaló que hay una crisis de métodos anticonceptivos, específicamente, con los de larga duración, que son los más efectivos.
Yari Vale Moreno, la única médica que ofrece servicios de terminaciones de embarazo en Puerto Rico, manifestó que estos contraceptivos “se han vuelto casi inaccesibles”. Por ejemplo, el costo privado del DIU hormonal Mirena “puede rondar entre los $1,400; y el (implante), en los $1,900”.
“Que las casas farmacéuticas sigan aumentando desproporcionadamente el precio de los métodos crea un efecto cascada porque las aseguradoras se van a negar a cubrirlos. La gente los tiene que costear de forma privada y siempre va a haber ese pequeño porcentaje de personas que va a poder comprarlo privado, pero la mayoría tendrá que prescindir de estos métodos anticonceptivos porque no tiene cómo pagarlos”, explicó Díaz Torres.
Como consecuencia, “las pacientes optan por los métodos más conocidos y accesibles, como las pastillas y algún otro que el plan le pueda cubrir”, añadió Vale Moreno. Estos contraceptivos, además de representar riesgos para la salud, son menos efectivos. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de que las mujeres tengan embarazos no deseados.
Entonces, cuando falla un método anticonceptivo, ¿las personas gestantes pueden culminar sus embarazos de forma accesible?


El aborto: un servicio accesible para algunos
Desde 1973, el aborto es legal en Puerto Rico, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara a favor de esta práctica médica en el caso Roe v. Wade. Podría inferirse que la legalidad asegura la accesibilidad, pero la situación en el país contrasta con esta perspectiva.
El Código Penal evidencia que el Estado penaliza el aborto y no reconoce este derecho como un servicio médico esencial porque, aunque el Artículo 99 “es letra muerta, hay una agenda conservadora detrás de todo esto”, indicó la portavoz del Probono de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UPR Valeria Barquero Sotomayor.
En Puerto Rico, habita alrededor de un millón de personas con capacidad gestante, pero solo hay cinco clínicas de terminaciones de embarazo, y todas están en el área metropolitana.
Más de la mitad de la población de los pueblos rurales vive bajo niveles de pobreza, según estadísticas del Censo. Estos municipios también tienen altas tasas de natalidad, de acuerdo con el más reciente estudio realizado por el Departamento de Salud. Por lo tanto, las personas gestantes residentes en estas áreas, con necesidad de clínicas de planificación familiar, se ven obligadas a realizar un mayor esfuerzo para recibir el servicio o prescindir de este.
La organización de doulas de aborto Las Mingas ayuda a las mujeres en áreas rurales a recibir este servicio. Ángela Sánchez Rivera, una de las integrantes, explicó que los residentes en estos municipios tienen mayores barreras en el acceso, específicamente, por la transportación.
Llegar a las clínicas “pudiera llegar al mismo costo del aborto”, que puede valer $150 o más, admitió Tania Silva Meléndez, doula de terminaciones de embarazo.
Los costos de abortos tampoco se controlan porque no existe una política pública que facilite el acceso para todas las mujeres. Por esta razón, la mayoría de las clínicas de terminaciones de embarazo funciona con fines de lucro, con excepción de la Clínica Iella, que tiene fondos dirigidos para subvencionar el servicio parcial o totalmente.
Los centros de intervención también pueden establecer reglas a las pacientes para recibir el servicio, aunque estas normas violenten la ley. Por ejemplo, tres clínicas de aborto requieren a menores de edad que sus padres o tutores las acompañen.
“Esto es un derecho reconocido por la jurisprudencia en Puerto Rico, (y cualquier) persona gestante puede ir sin el acompañamiento o permiso de sus padres a realizarse un aborto. Este derecho es suyo únicamente y no de sus padres. No puede ser violentado por esta política interna que tienen en las clínicas”, aseguró la portavoz del Probono de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UPR Jenny Rodríguez Crespo.
Otra barrera en el acceso al aborto es el perfil de los médicos que los realizan. La mayoría son hombres mayores de 60 años. Díaz Torres indicó que este panorama es problemático porque el envejecimiento de los proveedores significa que se retirarán pronto. Por lo tanto, resulta vital que más médicos se involucren en esta práctica.
Inoa Monegro sostuvo que “la ginecología y la obstetricia siguen siendo campos sumamente masculinos y tienen unas raíces patriarcales fuertísimas”, pues, además de Vale Moreno, no hay más médicas que realicen abortos.
“La ley en Puerto Rico estipula que solo tienes que ser médico, más nada. Si un médico generalista está interesado, solo necesita un 'mentorship' (una mentoría)”, dijo Vale Moreno . Para interrumpir un embarazo en el primer trimestre, los galenos solo deben saber cómo hacer un sonograma y conocer “los instrumentos que se requieren”, aseguró.
La también presidenta de la junta directiva de Taller Salud explicó que “lo único que necesitan es interés de ofrecer el servicio”. Mas reconoció que los médicos se abstienen de incluir el aborto en sus prácticas por los estigmas fundamentalistas.
“¿Te imaginas que, en una enfermedad como el cáncer, un doctor se cohíba de decirte las opciones que tienes porque no está de acuerdo con un tratamiento? Es terrible. ¿Por qué entonces sobre el cuerpo de las mujeres eso un doctor lo puede hacer?”, puntualizó Inoa Monegro.

Única clínica de terminaciones de embarazo sin fines de lucro. Foto por: Valeria Alicea Guzmán
Única clínica de terminaciones de embarazo sin fines de lucro. Foto por: Valeria Alicea Guzmán

Clínica en Ponce, clausurada tras la jubilación del médico que la manejaba. Foto por: Camila Medina Santiago
Clínica en Ponce, clausurada tras la jubilación del médico que la manejaba. Foto por: Camila Medina Santiago
